TIJUANA.– La Sindicatura Municipal de Tijuana ha puesto bajo la lupa a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SDTUA) tras la recontratación de la empresa Urbanizadora Roma, la cual se encuentra vinculada a las irregularidades que provocaron la suspensión de la rehabilitación del malecón en Playas de Tijuana.

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La lupa sobre la SDTUA

La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, confirmó que la dependencia a su cargo solicitó formalmente a la SDTUA una justificación detallada sobre por qué se volvió a contratar a dicha empresa para realizar un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).

El contrato en cuestión, identificado como DOIUM-2025-DCO-AD-001, fue otorgado en 2025. Sin embargo, la gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resultó fallida, ya que en abril de este año la dependencia federal negó el trámite tras determinar que la empresa violó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

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El historial de irregularidades

La negación del permiso por parte de Semarnat se fundamentó en actos previos cometidos por la misma constructora durante 2024, entre los que destacan:

  • Movimientos de tierra sin autorización y uso indebido de la superficie de la playa como zona de trabajo.
  • Instalación de 152 pilotes y colocación de maquinaria pesada en áreas no permitidas.

Actualmente, la Sindicatura aguarda las recomendaciones finales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Semarnat para poder solicitar un nuevo MIA y, eventualmente, reactivar los trabajos de rehabilitación.

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Auditorías y posibles sanciones

La investigación no se limita solo a Urbanizadora Roma. Balderas Beltrán informó que, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), se está auditando a las tres empresas contratadas por la administración anterior: Crisol Constructora, Damar Infraestructura y Urbanizadora Roma. A estas firmas se les pagaron más de 55 millones de pesos durante el periodo pasado.

«Estamos facultados para revisar, auditar y determinar si estas empresas no son factibles para trabajar bajo el esquema de contratación del municipio», sentenció la síndica. De encontrarse responsabilidad, Sindicatura podría emitir una recomendación para inhabilitar a dichas empresas, impidiendo que vuelvan a prestar servicios al Ayuntamiento de Tijuana.

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